Gana Perú insistirá con imprescriptibilidad de delitos de corrupción
Hace un llamado para que las diferentes bancadas voten por la reconsideración de votación, actualmente en la agenda del Pleno
El congresista Fredy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución, enfatizó que el Grupo Parlamentario Gana Perú espera que las diferentes bancadas voten en el Pleno a favor de la reconsideración, planteada para la aprobación de la Ley de Imprescriptibilidad de los delitos contra el Patrimonio del Estado e inhabilitación en la función pública de los funcionarios responsables, corruptos y corruptores.
En la sesión plenaria del 10 de noviembre último, legisladores de Fuerza 2011 (29), Alianza Parlamentaria (02), Alianza por el Gran Cambio (07), Solidaridad Nacional (05) y Concertación Parlamentaria (04), olvidando las promesas de sus líderes durante la última campaña electoral, votaron a favor de la cuestión previa propuesta por el congresista Martín Belaúnde para que el dictamen de la Comisión de Constitución pase a la Comisión de Justicia.
Como se sabe, la Comisión de Constitución aprobó el respectivo dictamen, minuciosamente trabajado, en setiembre 2011, tras acoger las opiniones calificadas de juristas y del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción.
DECLARACIONES JURADAS
El Dictamen que obra en el Pleno, propone la modificación del Artículo 41° de la Constitución en los siguientes términos:
“Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala le ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante e poder judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como los plazos de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Para efectos de la pena, la sanción al autor es igual a la del partícipe.
Los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos graves de corrupción de funcionarios señalados por ley son imprescriptibles”.
La Comisión de Constitución ha puesto especial interés en este tema, habiendo realizado un seminario sobre Imprescriptibilidad y Corrupción el 12 de diciembre pasado, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.
En la cita se arribó a importantes conclusiones de autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y destacados juristas, quienes coincidieron en afirmar que la corrupción es un flagelo que impide el desarrollo económico y el eficaz desenvolvimiento de las instituciones públicas en desmedro del desarrollo del país.
Por ejemplo, Enrique Bernales considera que la imprescriptibilidad es una necesidad para disuadir a los funcionarios de cualquier conducta atípica y de revertir los niveles de impunidad que convierten al Estado peruano en una repartija o un botín.
NO ES RETROACTIVO
El congresista Fredy Otárola, dijo que el dictamen, aprobado en la Comisión de Constitución, no vulnera ningún derecho, es perfectamente constitucional porque modifica la figura de la prescripción para determinados delitos, como se hizo en su momento con los de lesa humanidad.
La regulación de la prescripción deberá ser adecuada con una reformulación posterior de los códigos penal, de ejecución penal y procesal penal. Se establece un marco constitucional consensuado para la inhabilitación.
Además, la norma no tiene aplicación retroactiva, no contraviene la seguridad jurídica, responde a una voluntad democrática de hacer transparente la gestión pública, protegiendo la imagen institucional, el buen nombre y el prestigio de la función pública.
En ese sentido, el congresista Otárola invitó a reflexionar y apoyar la reconsideración para que en esta Legislatura se apruebe la ley de imprescriptibilidad que el país espera.
El congresista Fredy Otárola, presidente de la Comisión de Constitución, enfatizó que el Grupo Parlamentario Gana Perú espera que las diferentes bancadas voten en el Pleno a favor de la reconsideración, planteada para la aprobación de la Ley de Imprescriptibilidad de los delitos contra el Patrimonio del Estado e inhabilitación en la función pública de los funcionarios responsables, corruptos y corruptores.
En la sesión plenaria del 10 de noviembre último, legisladores de Fuerza 2011 (29), Alianza Parlamentaria (02), Alianza por el Gran Cambio (07), Solidaridad Nacional (05) y Concertación Parlamentaria (04), olvidando las promesas de sus líderes durante la última campaña electoral, votaron a favor de la cuestión previa propuesta por el congresista Martín Belaúnde para que el dictamen de la Comisión de Constitución pase a la Comisión de Justicia.
Como se sabe, la Comisión de Constitución aprobó el respectivo dictamen, minuciosamente trabajado, en setiembre 2011, tras acoger las opiniones calificadas de juristas y del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción.
DECLARACIONES JURADAS
El Dictamen que obra en el Pleno, propone la modificación del Artículo 41° de la Constitución en los siguientes términos:
“Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala le ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante e poder judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como los plazos de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Para efectos de la pena, la sanción al autor es igual a la del partícipe.
Los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos graves de corrupción de funcionarios señalados por ley son imprescriptibles”.
La Comisión de Constitución ha puesto especial interés en este tema, habiendo realizado un seminario sobre Imprescriptibilidad y Corrupción el 12 de diciembre pasado, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.
En la cita se arribó a importantes conclusiones de autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y destacados juristas, quienes coincidieron en afirmar que la corrupción es un flagelo que impide el desarrollo económico y el eficaz desenvolvimiento de las instituciones públicas en desmedro del desarrollo del país.
Por ejemplo, Enrique Bernales considera que la imprescriptibilidad es una necesidad para disuadir a los funcionarios de cualquier conducta atípica y de revertir los niveles de impunidad que convierten al Estado peruano en una repartija o un botín.
NO ES RETROACTIVO
El congresista Fredy Otárola, dijo que el dictamen, aprobado en la Comisión de Constitución, no vulnera ningún derecho, es perfectamente constitucional porque modifica la figura de la prescripción para determinados delitos, como se hizo en su momento con los de lesa humanidad.
La regulación de la prescripción deberá ser adecuada con una reformulación posterior de los códigos penal, de ejecución penal y procesal penal. Se establece un marco constitucional consensuado para la inhabilitación.
Además, la norma no tiene aplicación retroactiva, no contraviene la seguridad jurídica, responde a una voluntad democrática de hacer transparente la gestión pública, protegiendo la imagen institucional, el buen nombre y el prestigio de la función pública.
En ese sentido, el congresista Otárola invitó a reflexionar y apoyar la reconsideración para que en esta Legislatura se apruebe la ley de imprescriptibilidad que el país espera.
NOTA DE PRENSA Nº 006-2012-GPN-FOP/CR
Lima, 10 de enero de 2012
Lima, 10 de enero de 2012
Leave a Comment